La institución prestará asesoramiento y el documento marco que fija los criterios para confeccionar estos inventarios de bienes públicos municipales

El Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo del Consell d'Eivissa ha presentado el documento marco, aprobado en el seno del Consejo de Alcaldes, que servirá para la redacción de los cinco catálogos de caminos municipales que deben redactar los ayuntamientos de la isla y que servirán para inventariar aquellos caminos públicos y poder diferenciarlos de los privados.

El objetivo de este documento es fomentar la realización de los catálogos municipales de caminos, a fin de dar respuesta a la necesidad de administrar la extensa red viaria rural ibicenca ya la obligación legal de inventariar los bienes públicos municipales. Ésta es una demanda reconocida por todo tipo de actores sociales y políticos por qué ahora, con consenso de todos los ayuntamientos, se da un paso fundamental.

El conseller Mariano Juan ha explicado que impulsar estos catálogos "es un compromiso de los acuerdos de legislatura de este equipo de gobierno" y además es "una obligación legal en la los ayuntamientos no han dado hasta ahora el impulso que merece". El conseller ha asegurado que estos cinco catálogos de caminos públicos "se deben poder actualizar con criterios únicos por toda la isla de Ibiza" para vertebrar el territorio "poniendo en valor la red más importante en cuanto a kilómetros de toda la isla, con una potencialidad increíble". Además, según Juan, estos catálogos "darán seguridad a las inversiones de los Ayuntamientos" dado que en muchas ocasiones los consistorios se encuentran con problemas para determinar la titularidad de los caminos "incluso con los proyectos ya aprobados y licitados". Otro factor destacado es "la potencialidad de un producto turístico que nos diferencia de otros lugares de sol y playa, sobre todo en temporada baja". Por último, el conseller destacó "la seguridad que se da a los ayuntamientos ya los propietarios de suelo rústico que a veces se encuentran en litigios de no saber si un camino es público o privado o si debe permitir el paso por ese camino".

Como conclusión, el conseller ha explicado que "no se trata de hacer un catálogo de caminos que se quieran expropiar, sino de catalogar los caminos que ya son públicos, que muchos de ellos se han cerrado y que tienen elementos patrimoniales que se necesitan catalogar y cuidar".

Seguidamente, la directora insular Naihara Cardona ha explicado que "es importante tener un criterio único porque sino podríamos encontrarnos con el caso de que un mismo camino que discurre por dos municipios fuera declarar público por un ayuntamiento y privado por otra", por todo ello los catálogos municipales servirán para establecer una base de datos única que confeccionará el Consell d'Eivissa, que se irá actualizando conforme se actualicen los catálogos municipales.

Por último, el coordinador del documento marco, Joan Costa, de la empresa Cent Mans, ha explicado que "aunque los ayuntamientos ibicencos realizan notables esfuerzos para mejorar y mantener en buen estado los caminos de cada municipio, deben lidiar con los retos como ahora la privatización de algunas vías públicas, el abandono de parte de los caminos históricos o la necesidad de regulación de las actividades de ocio”.

Un catálogo municipal de caminos es un estudio informativo que pretende contribuir a dar una respuesta integral a la protección y gestión de la red viaria rural. incide fundamentalmente en tres aspectos: la titularidad de las vías rurales, sus valores patrimoniales y su interés excursionista.

La metodología propuesta en el Document mec, que será común a todos los municipios, se fomenta en la atención a las peculiaridades ya la costumbre de Eivissa, el trabajo con informadores locales, el estudio de un amplio abanico de fuentes documentales uso de sistemas de información geográfica.

Con la elaboración de los catálogos municipales de caminos públicos se estará actuando para cumplir con la legislación vigente, ofrecer seguridad jurídica, defender el patrimonio común, evitar conflictos, ordenar los usos y mejorar la eficiencia de la administración.